Reuters
La Paz, 29 de diciembre de 2010
El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó este miérocles un aumento del 20% a los salarios de los trabajadores para 2011 con el propósito de compensar el impacto provocado por el incremento en el coste de los carburantes, llamado “gasolinazo”.
En un mensaje dirigido esta noche a los bolivianos, Morales dijo que firmó el decreto que establece que el próximo año aumente el salario mínimo nacional en un 20%, lo mismo que los ingresos de la Policía, las Fuerzas Armadas y los sectores de salud y educación.
El gobernante indicó que actuaba con “responsabilidad” porque el dinero del Estado que iba a la subvención de los combustibles, una parte de los cuales era desviada por contrabando a otros países, se distribuirá en los salarios.”Soy responsable con lo que dije: esa plata, en vez de que se vaya, se queda acá. Histórico”, sostuvo Morales. Precisó que los funcionarios del Estado que no reciban el aumento del 20% tendrán un “doble aguinaldo”, salvo en su caso, en el del vicepresidente, ministros y viceministros.
En su mensaje, el gobernante también citó otras medidas con el fin de asistir a los productores agrícolas y dar planes de empleo de emergencia en regiones pobres como la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, o el Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz (este). Morales ratificó su defensa del aumento del precio de los carburantes más comunes, que subieron entre un 57 y 82%, si bien reconoció que se trata de una medida “dura” para las familias. No obstante, sostuvo que en su decisión primó el “cuidado de la economía” del país porque la subvención de carburantes para el 2011 hubiera subido a 600 millones de dólares, de los que unos 300 se podían perder otra vez por el contrabando.
“Es difícil para mí, para el gobierno nacional. Pero con esta medida no estoy cuidando mi imagen, estoy cuidando la economía nacional”, sostuvo el mandatario. Anunciará hoy un “significativo” aumento salarial y otras medidas para paliar el impacto del fuerte aumento de precios de los combustibles decretado el pasado fin de semana, dijeron fuentes oficiales. Tras la decisión presidencial, la Central Obrera Boliviana (COB) decidió realizar sólo marchas de protesta en vez de una huelga que habían anticipado varios dirigentes, en demanda de la anulación del alza sin precedentes de hasta un 83 por ciento en los combustibles para automotores.
“El aumento salarial compensará tanto la inflación acumulada en 2010 como el efecto directo de la eliminación de la subvención a los combustibles”, dijo la fuente, sin hacer precisiones. La fuente dio la información después de que el portavoz oficial, Iván Canelas, anunciara que el Presidente emitirá un mensaje por radio y televisión -un mecanismo de comunicación usado por Morales sólo en aniversarios o situaciones extraordinarias- para presentar “decisiones” derivadas “de la medida (reajuste de combustibles) que asumió el Gobierno”.Previamente, el ministro de Economía, Luis Arce, cifró en torno a un 20 por ciento el alza acumulada de precios entre la inflación del 2010 -que rondaría el 7 por ciento frente a 0,26 por ciento en el 2009- y lo previsto para las primeras semanas de enero como consecuencia del llamado “gasolinazo”. El salario mínimo actual en Bolivia equivale a 95 dólares mensuales.
La fuente agregó que Morales prevé anunciar también medidas en favor de los funcionarios públicos y de apoyo a los municipios en proyectos de agua potable, de gran impacto social y de uso intensivo de mano de obra. Estas medidas se sumarían al congelamiento de tarifas de agua, electricidad y teléfonos, decretado también el domingo cuando Morales visitaba a su aliado el venezolano Hugo Chávez.
Apoyo en juego
Canelas dijo que el Gobierno, que definió al reajuste como “fin de un subsidio neoliberal” que le costó al país 380 millones de dólares en el 2010 -equivalente a cerca de 2 por ciento del PIB-, esperaba llegar rápidamente a acuerdos con los propietarios del transporte automotor y con la Central Obrera Boliviana (COB). Para analistas, sólo una alta compensación salarial evitaría que Morales pierda el vital apoyo de los sindicatos y se enfrente a protestas sociales de potencial alto costo político, a poco de concluir el primer año de su segundo mandato quinquenal.
El mayor reajuste de combustibles en una década convirtió a Morales en blanco de duras críticas, incluso de sindicatos con los que desarrolló una suerte de co-gobierno, pero a la hora de tomar decisiones la COB, que agrupa a todos los sindicatos del país, descartó una huelga y se abrió a dialogar con Morales. “Rechazamos rotundamente el decreto (sobre combustibles) y exigimos su inmediata derogación”, pero al mismo tiempo “aceptamos el diálogo para plantear la derogación”, dijo la resolución de un “ampliado” o reunión nacional de dirigentes de la COB que concluyó en la noche del martes. La cúpula sindical, mayoritariamente izquierdista y en la que conviven partidarios y opositores al también sindicalista Morales, no decidió más medidas de presión que las marchas a realizarse en todas las ciudades.
En aparente admisión de que el “gasolinazo” sería irreversible, el líder de la COB, Pedro Montes, llamó luego a “la conciencia de los transportistas para que no se excedan en el incremento de tarifas” y anunció que las marchas podrían realizarse esta misma semana. En tanto, los propietarios del transporte urbano y de larga distancia dijeron que sus negociaciones con el Gobierno sobre nuevas tarifas estaban al borde del fracaso y culparon de ello a la Autoridad de Fiscalización de Transportes que autorizó un reajuste general máximo de 30 por ciento. El líder sectorial Franklin Durán dijo que su pedido inicial era un reajuste tarifario del 100 por ciento. Alzas de entre un 100 por ciento y un 150 por ciento eran aplicadas de facto por transportistas urbanos en La Paz, donde algunos usuarios reclamaban pero sin mayores incidentes, según mostraron imágenes de televisión.
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