En que consiste la Declaratoria de Interdicción?

La interdicción constituye la prohibición del ejercicio de un derecho por mandato de la ley al encontrarse imposibilitado e inhabilitado para gobernar por sí mismo sus bienes y su persona.

En ese mismo sentido la anterior normativa subsumía el proceso dentro de los alcances de la Ley 1760 (Código Procesal Civil abrogado) donde se encuentran las disposiciones, como el art. 420 del mismo Código, que determina que el juez, después de obtener un informe sobre el estado de salud del demandado, puede nombrar a éste un curador ad litem para que atienda la causa desde su inicio o cuando fuere conveniente; el art. 421 decía que si hay urgencia y necesidad de proveer al cuidado de la persona e intereses del demandado, el juez puede también nombrar a éste un asistente y administrador provisional, señalando sus atribuciones; los arts. 422 y 423 se refieren a la comprobación del estado de salud mental y al re examen del demandado, para que, finalmente, el art. 427 también manifieste la posibilidad de un re examen en segunda instancia siempre del demandado.

Con la vigencia plena de la Ley 603 en noviembre 19 del año 2014 en Bolivia ha cambiado con bastante amplitud este proceso ya que es más explícita en su contenido y responsabilidades hacia el tutor, veamos;

TUTELA DE LOS INTERDICTOS

SECCIÓN I

DECLARACIÓN DE LA INTERDICCIÓN

ARTÍCULO 57. (DEBER DE AVISO). La persona o autoridad que conozca de una persona mayor de edad o emancipada en situación de ser declarada interdicta, debe dar aviso a la autoridad de protección que corresponda, para que ésta deduzca demanda correspondiente.

ARTÍCULO 58. (DEMANDA DE INTERDICCIÓN). La demanda de interdicción puede ser promovida por la o el cónyuge, aun cuando esté divorciada o disuelto el vínculo, o una o un pariente en cualquier grado de parentesco de la persona en situación de declararla interdicta, o personas colectivas que tengan como finalidad la asistencia social. El actor no podrá ser designado tutor.

En síntesis, la demanda de declaración de interdicción debe estar dirigida imprescindiblemente contra la persona a quien se presume incapaz o interdicta, o cuya declaratoria de interdicción se pretende, y, si el Juez considera necesaria la designación de un curador que lo represente en el proceso, tiene facultad de nombrarlo, pues sólo de esa manera puede garantizarse el ejercicio del derecho a la defensa del demandado.

ARTÍCULO 59. (DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN). I. La interdicción constituye el estado de una persona mayor de edad o menor emancipada con discapacidad mental o psíquica que le impida el cuidado de su persona y la administración de sus bienes.

II. El estado de interdicción se declara judicialmente basado en prueba pericial, y conlleva el nombramiento de una o un tutor.

El perito llamado a declarar la interdicción es un psiquiatra forense no un médico general, no un médico forense (salvo que tenga especialidad en psiquiatría forense) tampoco un psicólogo. Véase que no se habla de enajenación metal ni otra patología similar sino, de una “discapacidad mental” que puede ser temporal o no.

ARTÍCULO 60. (ACTOS DE LA PERSONA DECLARADA INTERDICTA).

I. Los actos de la persona declarada interdicta pueden anularse a demanda de su tutora o tutor, así como de la misma persona interdicta cuando se haya rehabilitado, o de sus herederas y herederos.

II. Los actos que pudo haber realizado antes de declararse su interdicción, pueden también anularse si se prueba la incapacidad de querer o entender el acto, siempre que exista perjuicio y sea atribuible a la mala fe de la otra parte.

ARTÍCULO 61. (REVOCACIÓN DE LA INTERDICCIÓN). La interdicción puede revocarse cuando se determina pericialmente que ha cesado la causa que la determinó, a instancia de la misma persona interdicta, de su tutora o tutor, o de cualquier pariente de la misma sin límite de grado de parentesco.

En cuyo caso el tutor designado está en la obligación de restituir al titular la administración de sus bienes y el fruto de los mismos, bajo alternativa de ser demandado por Rendición de Cuentas.

ARTÍCULO 62. (AUTORIZACIÓN JUDICIAL). La autorización judicial es la aprobación requerida a la autoridad judicial para dar validez a determinados actos jurídicos, a efectos de habilitar a la o el tutor para la enajenación, hipoteca o actos de administración extraordinaria de bienes que pertenecen a la persona tutelada, debiendo comprobarse su necesidad y utilidad respecto a los intereses de ésta.

ARTÍCULO 63. (TUTORA O TUTOR INTERINO) I. Mientras se designe la tutora o tutor en la forma prevista por el presente Código, la autoridad judicial puede nombrar una o un tutor interino o poner a la persona y a los bienes al cuidado de una entidad pública de protección o asistencia social.

II. La o el tutor interino debe declarar si es acreedor o deudor de la persona tutelada, bajo pena de perder los créditos si no lo hiciere. En caso que los créditos declarados  sean considerables, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el inciso c) del Artículo 69 del presente Código.

III. Hasta que la o el tutor nombrado no asuma su obligación, la o el interino debe limitarse a los actos de mera protección de la persona interdicta y de simple conservación de sus bienes.

SECCIÓN II

COMPETENCIA, NOMBRAMIENTO, INCAPACIDADES

Y DISPENSA DE LA TUTELA DE LOS INTERDICTOS

ARTÍCULO 64. (DESEMPEÑO DE LA TUTELA). La tutela se desempeña por la o el tutor con la supervisión e intervención de la autoridad judicial, en la forma determinada por el presente Código.

ARTÍCULO 65. (NOMBRAMIENTO DE TUTORA O TUTOR). El nombramiento de tutora o tutor se realiza mediante resolución judicial, pudiendo ratificarse o no a la o el tutor interino.

ARTÍCULO 66. (PROACTIVIDAD EN LA DESIGNACIÓN DE LA O EL OBLIGADO). Previo el nombramiento de la persona obligada, la autoridad judicial comunicará los derechos y obligaciones, incapacidades y dispensas para la o el obligado.

ARTÍCULO 67. (OBLIGATORIEDAD DE LA TUTELA) I. La tutela es obligatoria y nadie puede ser dispensado o incapacitado para su ejercicio, sino por lo establecido por el presente Código.

II. Las y los parientes que sean plenamente capaces están obligados a desempeñar la tutela, de acuerdo al orden indicado en los numerales 1 al 6 del Parágrafo I del Artículo 112 del presente Código, incluyendo a los colaterales. Se escuchará la declaración de los parientes, la opinión de la persona afectada si su estado de salud lo permite, y se decidirá según convenga al interés de esta última.

La experiencia nos enseña que en este aspecto la elección de la autoridad debe ser lo más racional posible tomado en cuenta que cuando se trata de administración de bienes existe cierta discrecionalidad y reclamos entre los parientes.

ARTÍCULO 68. (TUTELA POR TERCEROS). En defecto de las y los parientes obligados a la tutela, la autoridad judicial nombrará como tutora o tutor a un tercero allegado o amigo de la persona afectada o de su familia que consienta en ello y tenga en cuenta el interés de la persona tutelada.

ARTÍCULO 69. (INCAPACIDAD PARA LA TUTELA). No puede ser tutora o tutor y, si han sido nombrados, cesan en la obligación:

a) Las personas menores de edad.

b) Las personas mayores de edad declaradas interdictas.

c) Los que litigan contra la persona afectada, o cuya madre, padre o ambos, cónyuges, hijas o hijos tienen pleito pendiente en su contra, y los que tienen un interés contrapuesto al de aquella, como sus acreedores o deudores y sus fiadores, salvo que se trate de obligaciones de poca cuantía.

d) Los que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la vida, la integridad, la dignidad y la libertad, contra las familias o contra el patrimonio público o privado.

e) La madre o el padre que pierden su autoridad o son suspendidos de ella, o las personas removidas de otra tutela.

f) Los que observan mala conducta o padecen de enfermedad o vicio que ponga en peligro la salud y la seguridad del afectado.

g) Los excluidos expresamente por la madre o el padre.

h) Los quebrados o insolventes, mientras no se rehabiliten o paguen sus deudas.

ARTÍCULO 70. (DISPENSA DE LA TUTELA). Están dispensadas de la tutela quienes:

1. Son militares o policías en servicio activo.

2. Tienen más de sesenta (60) años de edad.

3. Padecen de una enfermedad que les impida cumplir el cargo.

4. Tienen tres (3) hijas o hijos bajo su autoridad o ejercen otra tutela.

5. Residan fuera del lugar donde debe ejercerse la tutela o se ausenten de él con frecuencia por razón de su profesión u oficio.

6. Otros establecidos por Ley.

ARTÍCULO 71. (CAUSAS CONCURRENTES Y SOBREVINIENTES). Si se acepta la tutela concurriendo una de las causas enunciadas por el Artículo anterior, no puede después obtenerse dispensa por razón de ella. En cambio, si sobreviene durante la tutela puede pedirse la dispensa.

TERMINACIÓN DE LA TUTELA DE LOS INTERDICTOS

ARTÍCULO 91. (EXTINCIÓN). La tutela se extingue:

a) Por fallecimiento de la persona tutelada.

b) Al recuperar sus facultades mentales la persona tutelada.

ARTÍCULO 92. (CESACIÓN DE LA OBLIGACIÓN). La obligación de la tutora o del tutor cesa por:

a) Su fallecimiento.

b) Sentencia condenatoria penal que produzca ese efecto.

c) Dispensa aceptada judicialmente.

d) Remoción judicial.

ARTÍCULO 93. (CARÁCTER PERSONAL Y RESPONSABILIDADES DE LAS Y LOS HEREDEROS). La tutela es una función personal que no pasa a las y los herederos de la o el tutor. En caso de fallecimiento de la o el tutor, sus herederos son responsables de comunicar a la autoridad jurisdiccional y de la administración de su antecesor, si son mayores de edad, y sólo pueden realizar actos de conservación hasta que se nombre y notifique a una o un nuevo tutor de acuerdo a lo dispuesto para el tutor interino.

ARTÍCULO 94. (REMOCIÓN DE LA O DEL TUTOR). Es removido de la tutela quien:

a) Se halla en alguna de las incapacidades expresadas en el Artículo 69 del presente Código.

b) No presenta el presupuesto, los informes anuales o los estados de la situación cuando sean requeridos.

c) Por negligencia, mal manejo, deslealtad o infidencia, que pongan en peligro a la persona tutelada o su patrimonio.

ARTÍCULO 95. (ACCIÓN DE REMOCIÓN DE LA O DEL TUTOR). La acción de remoción de la o el tutor puede iniciarse por la misma persona tutelada cuando recupera sus facultades, por sus parientes y afines o por instituciones de asistencia social.

ARTÍCULO 96. (MEDIDA PRECAUTORIA). En caso de peligro por la demora, la autoridad judicial puede suspender provisionalmente a la o el tutor en el ejercicio de sus funciones, nombrando a una o un sustituto que recibirá los bienes por inventario y velará por la persona tutelada y la conservación de sus bienes.

SECCIÓN V

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA TUTELA

ARTÍCULO 97. (RENDICIÓN DE CUENTAS Y PLAZO) I. La o el tutor al extinguirse la tutela o cesar la obligación, rendirá cuentas claras y documentadas de su administración ante la autoridad judicial.

II. Para este efecto tiene el plazo de treinta (30) días que puede ser prorrogado por otro no mayor a quince (15) días, bajo conminatoria de pérdida de la fianza a favor de la persona tutelada, y en caso de haber sido exento del depósito será sujeto a responsabilidad civil por daños y perjuicios.

Como se observa los escenarios se encuentran debidamente cubiertos con la implementación de la nueva norma y las responsabilidades y limitaciones del mismo modo.