Tribunal Constitucional: a la agenda del Parlamento ¡Ya!

Eddie Cóndor Chuquiruna

Coordinador del Area de Participación Ciudadana y Buenas Prácticas

Comisión Andina de Juristas (*)
El referéndum revocatorio no sirvió para legitimar el poder y ampliar los márgenes de maniobra política del Presidente Evo Morales, como se cree. La copiosa votación favorable a los prefectos regionales en concordancia con la obtenida por Morales, da a entender que lo que se viene es una mayor polarización. Las poblaciones se han reafirmado en sus pretensiones autonómicas indirectamente.
Ese es el significado escondido que el Gobierno debería interpretar. Es decir, una parte de la población le ha dicho al gobernante “te quedas, pero entiende que las autonomías son demandas legítimas”. Ese es el balance, de una adecuada lectura de los resultados a nivel nacional.
Siendo así, lo razonable es que el Gobierno entienda que lo que se viene es un proceso de radicalización que requerirá, en aras de fortalecer la institucionalidad presidencial, institucionalizar democráticamente diversos espacios. Se necesitará, por ejemplo, un Poder Judicial independiente, legitimado por su propio funcionamiento y desvinculación con el aparato de poder político. Pero principalmente, será esencial darle al régimen un marco de solidez democrática y legitimidad plena. Un Tribunal Constitucional bien constituido y funcional, colaboraría a ese efecto.
El Presidente Morales es un gobernante elegido por el pueblo, esa es una verdad inobjetable. Lo que no lo es, es la forma como se está manejando el poder, neutralizando instituciones democráticas y desmontando los mecanismos del control político, lo que podría derivar en un régimen autoritario, si es que aún no lo es.
En todo caso y ya que el Gobierno hace oídos sordos ya que basa sus cálculos en objetivos que no pasan por fortalecer la democracia y “superlegitimar” su propio poder, corresponde a las instituciones de la sociedad civil, generar plataformas promotoras de democracia. Estas plataformas o redes, debieran actuar ya, pues ellas mismas corren el riesgo de ser afectadas por este tipo de poder. A ningún gobierno autoritario le es cómodo que existan partidos de oposición, puesto que ellos son difíciles de controlar. Más fácil es fabricar argumentos y atacar a la sociedad civil y al pensamiento crítico (sino observen la forma como el Presidente Morales rozó con USAID hace unas semanas). Por eso, estas instituciones deberían ser las primeras en interesarse en crear bases de trabajo para promover, por ejemplo, la reconstitución de los miembros del Tribunal Constitucional.
Uno de los fundamentos es el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, la que debe servir de justificación a las instituciones e intelectuales independientes para invocar y ejercer presión sobre las instituciones internacionales a fin de que se manifiesten y construyan una gran corriente de opinión a favor de la recomposición del Tribunal.
Es necesario recordar que, por la naturaleza de su función, el Tribunal Constitucional constituye un baluarte de la democracia. Esto obliga a todos a apoyar una corriente de opinión que favorezca la recomposición del Tribunal. Siendo tanta su importancia mal hacen algunos en criticar y hacer contrafuerza, cuando de lo que se trata es empujar hacia delante.
Tampoco deberíamos cruzar los brazos mientras el poder presidencial se devora una democracia sin controles, donde los ciudadanos corran el riesgo de ser avasallados por la autoridad central. Conviene recordar que una democracia no es sólo sufragio y elección, es sobre todo, control al poder y soberanía del ciudadano.

(*) Las opiniones contenidas en este artículo son de responsabilidad exclusiva de quien las emite y no reflejan posiciones institucionales de la Comisión Andina de Juristas.